La Secretaría de Desarrollo Agrario de Brasil ha negado hasta el momento el resultado de la investigación del organismo.
Río de Janeiro, Brasil.- El gobierno de Brasil entregó grandes extensiones de los bosques tropicales en manos de empresas madereras que crearon asentamientos ficticios para eludir normas de defensa del medio ambiente, denunció el miércoles Greenpeace.
La organización dijo que tras una investigación de ocho meses encontró evidencias de que el gobierno alentó asociaciones entre taladores de árboles y colonos para cumplir con el objetivo del presidente Luiz Inacio Silva de asentar a 400.000 familias sin tierras para el final de su primer mandato, en el 2006.
“Esas áreas están siendo constantemente taladas y muchas fueron taladas antes de que se crearan los asentamientos, y eso es ilegal'’, dijo Andre Muggiati, de Greenpeace, en una entrevista telefónica desde la ciudad selvática de Manaos.
Muggiati dijo que ignoraba cuantas hectáreas de bosques habían sido entregadas a empresas madereras a través de los declarados asentamientos, pues en muchos casos, los asentamientos existen sólo de nombre, y carecen de límites definidos o de mapas.
El activista de Greenpeace dijo que en muchos casos las empresas madereras informaron a la agencia de reforma agraria Incra en qué sitio debían establecer los asentamientos en el estado de Pará con el fin de eludir una ley de 1999 que prohibe ubicar a campesinos sin tierras en bosques vírgenes.
Para encubrir sus actividades, usaron un mecanismo de zonificación llamado Proyectos de Desarrollo Sustentable. Esos proyectos fueron creados en 1997 para permitir que comunidades que ya vivían en los bosques tropicales continuaran allí, recolectando frutas y otros productos, con una tala limitada.
Los proyectos fueron luego enmendados para permitir el establecimiento de comunidades que hubiesen demostrado una vocación para el desarrollo sustentable. Pero Muggiati dijo que las empresas madereras alteraron el espíritu de los proyectos al crear asociaciones ficticias de colonos.
Fiscales federales han pedido desde entonces al gobierno que cancele la autorización de 99 asentamientos pues no se han emitido licencias a fin de verificar la viabilidad de los proyectos.
El ministro de Desarrollo Agrario de Brasil, que supervisa Incra, negó las acusaciones de Greenpeace.
AP
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