jueves, 25 de octubre de 2007
BP fined $373m by US government
The fines include $50m relating to a Texas refinery explosion in 2005 that killed 15 people and injured 170 more.
That sum is the highest fine of its kind levied under the Clean Air Act.
The largest fine - $303m - relates to a price manipulation scam between April 2003 and February 2004, over which four ex-BP workers have been indicted.
"The tragic explosion at the Texas city refinery, and the pipeline leaks in Alaska, were sad reminders that our environmental laws exist both to protect the lives and safety of the public, and also to preserve our natural resources," said Acting Attorney General Peter Keisler.
"Businesses that ignore those laws and endanger their workers and communities must be held accountable. Today's announcement shows that they will be," he added.
Manipulation schemes
The $303m relates to price-fixing charges for manipulating the propane market in 2004. It marks a record fine imposed by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) for market manipulation.
"BP engaged in massive manipulation - the magnitude of this settlement reflects that the Commission will not tolerate trading abuses in our open and competitive markets," said CFTC acting chairman Walt Lukken.
The four former BP workers accused of "conspiring to manipulate and corner" the US propane markets were named as Mark David Radley, James Warren Summers, Cody Dean Claborn and Carrie Kienenberger.
They had been employed by a subsidiary of BP America.
BP America chairman Bob Malone said "These agreements are an admission that, in these instances, our operations failed to meet our own standards and the requirements of the law. For that, we apologize".
He also said the firm would look at ways of limiting further problems such as the explosion at the BP's Texas City refinery and the leakage of oil pipes in Prudhoe Bay, Alaska.
Mr Malone explained that the company would continue efforts to stop "another tragedy like Texas City".
BP polluted a lake and land in Alaska after two oil leaks from the pipeline in March and August 2006.
'Terrible consequences'
The government said that BP would be monitored by an independent body for three years to ensure that it complied with the terms of Thursday's agreement.
In opting to pay the fines, the US Government had ended the probes regarding price manipulation. In addition the firm will not face additional criminal charges for the fatal Texas accident.
However, BP could still pay further compensation under unresolved civil lawsuits.
Prior to Thursday's announcement, BP had already spent $1.6b in compensation to victims of the Texas disaster, and has settled more than 1,600 personal injury claims.
"BP has committed serious environmental crimes in our two largest states, with terrible consequences for people and the environment," the Environment Protection Agency said.
Overhaul
Earlier in the week the oil giant announced that quarterly profits slumped by 45% after problems at its production and refinery businesses. Profits at BP fell to $3.88bn (£1.89bn) for the three months to the end of September from $6.98bn a year earlier.
Oil and gas production for the period was 4% lower after temporary shutdowns at its Whiting and Texas City refineries.
News of the fine comes after BP, under chief executive Tony Hayward, announced restructuring plans to overhaul the firm earlier this month in a bid to improve the firm's standing.
Mr Hayward assumed the leadership of the firm in May after former boss Lord John Browne resigned following a personal scandal.
BP FINES
$50m criminal fine for breaking the Clean Air Act
$12m criminal fines, $4m to the National Fish and Wildlife Foundation, $4m in criminal restitution to Alaska for pipeline leaks
$100m criminal penalty and $25m to the US Postal Inspection Consumer Fraud Fund
$125m civil penalty to the Commodity Futures Trading Commission
Restitution of $53m for victims of market manipulation
lunes, 24 de septiembre de 2007
Delitos ambientales que exigen respuesta
El daño que causa el plomo a la población despertó el interés de varios lectores que enriquecen el tema. Don Sandro Cabañas advierte que si bien una trasnacional juguetera, Mattel, retiró millones de juguetes del mercado porque contenían plomo, otros millones igualmente contaminados y elaborados en China entran al país de contrabando y se venden sin control alguno de las autoridades. Agrega que los daños a la salud de los niños si acumulan dicho metal en su organismo son irreversibles y para toda la vida. Por eso debe ser permanente la lucha gubernamental y de la ciudadanía para eliminar el problema.
Don Sandro pregunta si el sector público tiene estudios que muestren el número de niños de Torreón que han sufrido o sufren retardo mental (saturnismo) por culpa de la planta Met Mex Peñoles, que durante décadas ha sido contaminadora de esa ciudad. En cambio reconoce los logros alcanzados en el sector que elabora loza vidriada: desde ollas hasta platos, jarros y tazas, y que en su proceso de terminado utilizaba plomo. Se eliminó casi en su totalidad de esos objetos de uso diario en muchos lugares, gracias a nuevas técnicas de producción.
Otra lectora, Susana Castillo, quien vive en Washington, considera que si bien la pintura que ahora se vende en México no contiene plomo, muchas viviendas seguramente siguen con pintura o polvo de ese metal en su interior. Anota asimismo que en el vecino país del norte hay más de 20 millones de viviendas en esa situación, según estimaciones del Centro Nacional de Enfermedades, con sede en Atlanta, y la mayor autoridad en la materia. En esas viviendas habitan millones de niños. Tan sólo en Washington hay 3 mil de ellos con altos niveles de plomo en la sangre. Para protegerlos, una fiscal de la capital estadunidense, Linda Singer, ordenó sancionar a los propietarios de esas viviendas si no eliminan a la brevedad la pintura contaminante.
Doña Susana pregunta si sabemos de alguna persona o negocio sancionado en México por contaminar con plomo. Sería muy provechoso saberlo de parte de las autoridades ambientales y de salud. Lo que sí podemos asegurarle es que por delitos ambientales ningún empresario ha sido condenado, mucho menos encarcelado.
Si las autoridades intervinieran oportunamente y se respetara la ley, diversas agrupaciones sociales y ambientales de Yucatán y Quintana Roo no estarían ahora protestando por la muerte de delfines debido a las redes que colocan algunos grupos de pescadores de la región en los sitios por donde transitan esos animales. Este mes han muerto dos en esas redes.
Cabe señalar que varios grupos de pescadores de Holbox, la isla de moda del Caribe mexicano, cada año exigen al sector ambiental regular la actividad turística en torno al tiburón ballena. Decenas de este gigantesco, bello e inofensivo animal arriban entre junio y agosto a la inmensa alberca marina que existe cerca de la isla. Y cada año también denunciamos aquí cómo algunos empresarios de Cancún e Isla Mujeres llevan en lanchas a cientos de vacacionistas a ver a los tiburones, sin observar las normas mínimas de protección requeridas.
Este año, varios tiburones ballenas resultaron heridos por las propelas de las lanchas. Además sufrieron nuevamente el acoso de turistas irresponsables, así como el creciente ruido y la contaminación que causan las embarcaciones.
Finalmente, incluimos el comentario que nos envía doña Amalia Rivera sobre el reciente informe del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quiene aseguró que dicha entidad ya dispone de nueve rellenos sanitarios como los de Ixtapaluca, Amecameca, Ecatepec, Metepec y Tlalnepantla.
La señora Rivera afirma que al publicitado funcionario lo mal informan sus colaboradores con cifras “alegres”. Sostiene que si las autoridades de esa entidad aceptaran realizar un peritaje independiente sobre las condiciones técnicas de los rellenos “sanitarios” se comprobaría que la mayoría en realidad son tiraderos de basura a cielo abierto, contaminantes. Por eso la población se opone a que se construyan cerca de donde viven.
Tres asuntos diferentes sobre problemas que afectan a la ciudadanía y que exigen respuesta de las instancias oficiales.
